El Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a dar al Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados los datos sobre la contratación de la cuñada de Sánchez, Kaori Matsumoto, para un puesto de la Oficina de la Lucha Contra el Terrorismo de Naciones Unidas en Madrid. En una respuesta a una pregunta formulada por los populares, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, aseguran que «no es funcionaria de las Naciones Unidas en España, ni tiene ni privilegios, ni inmunidad».
El Partido Popular se ha encontrado con un cerrojazo parlamentario ante su intento de saber cómo y por qué llegó la mujer de David Sánchez a España. Este periódico publicó que Naciones Unidas había solicitado el 7 de junio un visado para la funcionaria japonesa y su hija, Kanade Matsumoto Sánchez, señalando que había sido seleccionada para ocupar un puesto de trabajo en esta oficina en Madrid. Sin embargo, al desvelar THE OBJECTIVE la presencia de Matsumoto en una oficina creada a través de un convenio con el Gobierno español, y que su destino sería un proyecto en Mauritania, esta optó por renunciar a su puesto el pasado mes de agosto. Exteriores había aprobado una subvención de más de 400.000 euros para el proyecto.
Antes de renunciar, el Grupo Parlamentario Popular presentó el 31 de julio en el Congreso de los Diputados una amplia batería de preguntas para conocer si el Ejecutivo había tenido algo que ver en esta polémica contratación. La respuesta ha llegado el pasado día 7. Ni una explicación, y el Gobierno se limita a afirmar que «la selección del personal de Naciones Unidas se rige por los procesos internos y normas de la propia organización».
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Además, señalan sin citarla, «la persona a la que refiere la pregunta no está en el listado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de funcionarios internacionales en España y, por tanto, no es funcionaria de las Naciones Unidas en España, ni tiene privilegios, ni inmunidades».
En el momento de entregar la respuesta, Matsumoto ya había renunciado al puesto en la oficina de Madrid, como ya publicó THE OBJECTIVE, según fuentes de Naciones Unidas. «Ni ha trabajado, ni trabaja, ni trabajará», señalaron, a lo que añadieron que su puesto ya había sido ocupado, sin querer precisar cómo en tan escaso tiempo se había convocado el concurso y adjudicado el destino.
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El Grupo Parlamentario Popular, en el preámbulo de sus preguntas, recuerda que el 6 de junio de 2023 se inauguró la Oficina de Lucha contra el Terrorismo (OLCT) de las Naciones Unidas en Madrid, tras el acuerdo firmado con el Gobierno de España y la ONU con el país anfitrión y los locales «para la creación de esta oficina en Madrid, en junio y septiembre de 2022, respectivamente».
La formación que lideraAlberto Núñez Feijóoseñala que «por un medio de comunicación hemos conocido elinusual interésdel ministro de Asuntos Exteriores para que la trabajadora de la ONU Kaori Matsumoto se trasladara a Madrid para desarrollar su carrera profesional en esta oficina».
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A la vista de los datos aportados por este medio, desde Génova quieren conocer si el ministro ha transmitido «suinterés personalo del Gobierno para que la señora Matsumotofuera seleccionada para ocupar un puestocomo «Oficial de Gestión de Programas en Madrid (P3) en la Oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo (Unoct)».
El PP, en las preguntas firmadas por los diputados Elías Bendodo, Macarena Montesinos, José Vicente Marí, Pedro Muñoz Abrines, Carlos Rojas, Ana Belén Vázquez y Álvaro Pérez, interpela al Gobierno sobre si «le consta al Ministerio de Asuntos Exteriores que la citada trabajadora tenga algún vínculo legalconDavid Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno».
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En el caso de «existir tal vínculo», preguntan si «le sería de aplicación al señor Sánchez el artículo X del Acuerdo complementario del Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Oficina de Programa de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (OLCT) en Madrid, hecho en Nueva York el 22 de septiembre de 2022». Se trata del punto que establece que las familias de los trabajadores de esa oficina dispondrán de inmunidad diplomática.
Los diputadospopularespreguntan si «parte del interés del ministro por la contratación de esa trabajadora de la ONU en las oficinas de Madrid está vinculadoa la dirección de un proyecto en Mauritaniaal que el Gobierno aportó una contribución de 453.000 euros con el objeto del fortalecimiento de la seguridad delas infraestructuras críticasy objetivos blandos frente a amenazas terroristas».
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Otra cuestión a desvelar por el Gobierno son «los motivos, cualidades o especial capacitación de entre las decenas de miles de trabajadores de todo el mundo, entre ellos miles de españoles, que trabajan para las Naciones Unidas,el ministro considera que la señora Matsumoto es el perfil necesariopara el puesto en Madrid». Finalmente, preguntan a Exteriores «en qué otras ocasiones el ministro ha mostradoespecial interésen la contratación de determinados funcionarios o trabajadores internacionales».